Si usted pidió tres cotizaciones para implementar SAGRILAFT, es probable que haya recibido tres cifras muy distintas y ninguna explicación. En este nicho casi nadie publica precios. Nosotros sí, y aquí están.
La respuesta corta, para quien tiene afán: nuestra implementación arranca en 3 salarios mínimos, unos $5.250.000 con el salario mínimo de 2026. Ese es un precio de referencia, no una tarifa fija. Sube o baja según el número de contrapartes de su empresa y la complejidad de su operación. Y baja de verdad: una cooperativa de transporte con 30 asociados paga 1 salario mínimo, unos $1.750.000, porque tiene pocas contrapartes que conocer. El diagnóstico inicial es gratuito, y de ahí sale el número exacto para su caso.
Hablamos en salarios mínimos a propósito. Un precio en pesos queda viejo cada enero; un precio en salarios mínimos se mantiene. Al lado le dejamos siempre el equivalente en pesos de 2026 para que la cuenta sea fácil.
Los factores que determinan el costo
Dos empresas con las mismas ventas pueden pagar valores muy diferentes por el mismo sistema. Estos son los cuatro factores que explican la diferencia.
1. Tamaño y complejidad de la operación
El esfuerzo de una implementación no depende tanto de la facturación como del número de contrapartes que hay que conocer y monitorear: clientes, proveedores, empleados, socios y aliados. Una comercializadora con 40 proveedores recurrentes es un proyecto corto. Una transportadora con 300 conductores vinculados, propietarios de vehículos terceros y despachos a todo el país es otro nivel de trabajo. Súmele sedes en varias ciudades, pagos en efectivo y clientes en el exterior, y el precio sube.
Esto también funciona al revés, y es la parte que pocos le dicen. Si su universo de contrapartes es pequeño, el precio baja por debajo de la referencia de 3 salarios mínimos. La cooperativa de transporte de 30 asociados que mencionamos arriba paga 1 salario mínimo por su implementación completa. Nadie está pagando por un paquete estándar: está pagando por el trabajo que su operación realmente exige.
2. El régimen que le aplica
El Capítulo IX de la nueva Circular Básica Jurídica de la Superintendencia de Sociedades (Circular Externa 100-000020 del 2 de julio de 2026), que unificó el SAGRILAFT y el PTEE en un solo sistema y derogó la Circular Externa 100-000016 de 2020, mantiene dos niveles de exigencia. Los umbrales ya no se expresan en salarios mínimos sino en UVB. El Régimen General aplica, como regla base, a empresas con ingresos o activos iguales o superiores a 4.929.017 UVB al 31 de diciembre del año anterior (antes 40.000 SMLMV), con umbral diferencial de 3.696.762 UVB (antes 30.000 SMLMV) para sectores como el inmobiliario y el de metales y piedras preciosas. El Régimen de Medidas Mínimas cubre actividades específicas desde 369.676 UVB de ingresos o 616.127 UVB de activos (antes 3.000 y 5.000 SMLMV). Un sistema de Medidas Mínimas exige menos elementos y por eso cuesta menos. Si no tiene claro en cuál régimen cae su empresa, revise primero nuestra guía de empresas obligadas a SAGRILAFT en 2026, con los umbrales convertidos a pesos.
La unificación tiene un efecto directo en el presupuesto: como el nuevo Capítulo IX integra el SAGRILAFT y el PTEE en un solo sistema, implementar los dos de una vez sale más eficiente que contratarlos por separado. El diagnóstico, la matriz de riesgos, la debida diligencia de contrapartes y la capacitación se diseñan una sola vez para ambos frentes, lo que reduce horas de consultoría y evita reprocesos.
Y si su empresa ya tiene el SAGRILAFT o el PTEE implementados, tampoco puede archivar el tema: los sistemas existentes siguen siendo válidos, pero deben adaptarse al nuevo Capítulo IX a más tardar el 31 de mayo de 2027. Integrar los dos manuales, unificar matrices y actualizar los umbrales a UVB es un proyecto nuevo, más corto que una implementación desde cero, que conviene cotizar desde ya.
3. La madurez documental de su empresa
Si su empresa ya tiene un código de ética aplicado, formatos de vinculación de terceros, un organigrama real y procesos escritos, el consultor construye sobre eso y el proyecto se acorta. Si nada está documentado, la implementación incluye levantar información desde cero, y eso son semanas adicionales de trabajo facturable. Es el factor que más sorprende a los gerentes: buena parte del costo no es "el manual", es ordenar la casa para que el manual sea cierto.
4. El sector
El sector define el supervisor, y el supervisor define la norma. Una empresa de transporte de carga vigilada por la SuperTransporte no implementa SAGRILAFT sino SARLAFT, creado por la Resolución 2328 de 2025 y ajustado por las Resoluciones 4607 y 7038 de 2026. Son sistemas parecidos pero no intercambiables: comprar el documento equivocado es pagar dos veces. La diferencia completa está en nuestra comparación de SAGRILAFT vs SARLAFT. En agroindustria y comercio exterior, el costo sube por la debida diligencia de compradores internacionales y por operar en zonas de mayor exposición al riesgo LAFT, algo que la matriz de riesgos debe reflejar con honestidad.
Qué incluye el precio y qué lo mueve
Nosotros no cobramos por etapa ni vendemos documentos sueltos. El precio es integral: cubre el diagnóstico, la matriz de riesgos y la segmentación, el manual, las políticas, los formatos de debida diligencia, la capacitación y el acompañamiento hasta que la junta directiva o el máximo órgano social aprueba el sistema. Esa lista de entregables no cambia de un cliente a otro. Lo que cambia es el tamaño del universo de contrapartes que hay que levantar, segmentar y monitorear, y ahí está toda la diferencia de precio.
Por eso el mismo sistema puede costar 1 salario mínimo o varios. Estos son escenarios reales de lo que cobramos.
| Escenario | Precio AL Compliance | Qué cubre |
|---|---|---|
| Diagnóstico inicial | Gratuito | Si está obligado, bajo qué régimen, qué brechas tiene frente al Capítulo IX y cuánto le costaría cerrarlas |
| Cooperativa de transporte pequeña, unos 30 asociados | 1 salario mínimo (unos $1.750.000) | Implementación completa del sistema. El universo de contrapartes es pequeño y cerrado, así que el precio baja |
| Empresa con operación y contrapartes típicas | Desde 3 salarios mínimos (unos $5.250.000) | Implementación completa: matriz, manual, políticas, formatos, capacitación y acompañamiento a la aprobación |
| Empresa con muchas contrapartes o varias líneas de negocio | Sube desde los 3 salarios mínimos según el universo de contrapartes | Lo mismo, con más horas de análisis: más terceros, más sedes, comercio exterior o varios negocios en una sola sociedad |
| Oficial de cumplimiento externo | Desde 2 salarios mínimos al mes (unos $3.500.000) | Acompañamiento permanente: reportes a la UIAF, matriz viva, monitoreo y respuesta a requerimientos del supervisor |
Estos valores son en salarios mínimos porque así no se desactualizan. Los pesos entre paréntesis corresponden al salario mínimo de 2026, que es de $1.750.905.
Diagnóstico inicial
Es la etapa que más plata ahorra, porque evita comprar lo que no necesita. Responde tres preguntas: si su empresa está obligada, bajo qué régimen y qué le falta. Nosotros lo hacemos gratis: puede solicitar el diagnóstico aquí y llegar a cualquier negociación, con nosotros o con otra firma, sabiendo exactamente qué necesita.
Matriz de riesgos y segmentación
Es el corazón técnico del sistema y la parte que más horas consume. Aquí se identifican los riesgos por los cuatro factores clásicos (contraparte, producto, canal y jurisdicción), se miden y se definen controles. También es donde más se nota la diferencia entre un consultor y una plantilla descargada: la Superintendencia revisa que la matriz describa su negocio real, no uno genérico. Como el trabajo se hace contraparte por contraparte, esta etapa es la que explica por qué una empresa paga 1 salario mínimo y otra paga varios.
Manual, políticas y procedimientos
El manual SAGRILAFT, la política aprobada por la junta directiva o el máximo órgano social, y los formatos de conocimiento de contrapartes. Va dentro del mismo precio. Cuidado con las ofertas de manual suelto y barato: un documento copiado de otra empresa se reconoce a primera vista en una visita de supervisión, y los cargos por tener un sistema de papel son los mismos que por no tener ninguno.
Capacitación
El Capítulo IX exige capacitación periódica y verificable. La jornada con evaluación y constancias para empleados, junta y órganos de administración está incluida en la implementación. Es el rubro que más se recorta cuando se compra por partes y el primero que pide el supervisor en una visita.
Software de consulta en listas
Este es el único rubro que no está dentro de nuestro honorario, porque lo cobra el proveedor de la herramienta y depende del número de consultas y de usuarios. La consulta de listas vinculantes, como las del Consejo de Seguridad de la ONU, es obligatoria antes de vincular una contraparte. Hacerlo con capturas de pantalla de Google no deja trazabilidad ni cumple el estándar. Si usted vincula pocas contrapartes nuevas al mes, hay proveedores que venden paquetes de consultas y le sale mucho más barato que una licencia anual. En el diagnóstico le decimos qué necesita y qué no.
El costo de NO cumplir
Aquí es donde la conversación de presupuesto cambia de tono. La Ley 222 de 1995 (artículo 86, numeral 3) faculta a la Superintendencia de Sociedades para imponer multas de hasta 200 SMLMV por cada cargo. Ojo con el matiz: la ley sigue redactada en salarios mínimos, pero hoy esas multas se liquidan en UVB (unas 28.916,7 UVB), lo que en 2026 equivale a unos $350 millones de pesos por cargo. Y los cargos se acumulan: no tener sistema, no tener oficial de cumplimiento y no reportar a la UIAF son incumplimientos distintos.
Ponga los dos números uno al lado del otro, porque están en la misma unidad. Implementar arranca en 3 salarios mínimos. La multa llega a 200 salarios mínimos por cargo. La multa es unas 66 veces lo que cuesta cumplir. Nunca hemos visto una decisión de presupuesto con una diferencia tan grande.
Y si su empresa es de transporte, el margen es todavía más amplio. El artículo 46 de la Ley 336 de 1996 permite multas de hasta 2.000 salarios mínimos, unos $3.500 millones de pesos en 2026. Es más de mil veces el valor que paga una cooperativa pequeña por implementar su sistema.
No es una amenaza teórica. Entre agosto de 2023 y 2025, la Superintendencia impuso 26 sanciones por $4.576 millones de pesos: 13 por SAGRILAFT y 13 por PTEE. La multa más alta por PTEE llegó a $550 millones en septiembre de 2023. En enero de 2024 llegó la primera sanción personal a un representante legal: $37,5 millones de su bolsillo, no del de la empresa. Y en septiembre de 2024, la primera sanción a un oficial de cumplimiento tercerizado: $12 millones en dos multas, en firme desde diciembre de 2024.
La propia Superintendencia de Sociedades lo dijo sin rodeos: "la etapa pedagógica finalizó".
A la multa súmele los costos que no salen en la resolución: bancos que cierran o congelan cuentas cuando la debida diligencia arroja alertas, clientes grandes que exigen certificar el sistema para mantenerlo como proveedor, y procesos de vinculación perdidos por no pasar un cuestionario de cumplimiento. Para muchas pymes del suroccidente, perder un solo contrato con un cliente ancla cuesta más que toda la implementación.
Implementación interna vs consultoría externa
La otra pregunta de presupuesto: ¿contrato una persona o contrato una firma? Empecemos por nuestro número. El oficial de cumplimiento externo de AL Compliance arranca en 2 salarios mínimos al mes, unos $3.500.000 en 2026. Eso es acompañamiento permanente: los reportes a la UIAF en los plazos, la matriz viva y actualizada, el monitoreo de contrapartes y la respuesta a los requerimientos del supervisor cuando llegan.
Ahora la referencia externa, para que compare. Los portales de empleo en Colombia muestran sueldos de oficial de cumplimiento de planta entre $2,8 y $4 millones mensuales para perfiles de pyme. Ese es el sueldo, no el costo: con la carga prestacional, una empresa termina pagando bastante más al año por el cargo, y a eso hay que sumarle el software y la curva de aprendizaje de la persona. Son dos cosas distintas y conviene no confundirlas: lo primero es un honorario que ya trae equipo y metodología; lo segundo es una nómina que usted sostiene sola.
| Criterio | Implementación interna | Consultoría externa |
|---|---|---|
| Costo del primer año | Sueldo de $2,8 a $4 millones mensuales según los portales de empleo, más prestaciones, software y capacitación del perfil | Implementación desde 3 salarios mínimos (unos $5.250.000), con oficial externo opcional desde 2 salarios mínimos al mes (unos $3.500.000) |
| Tiempo de puesta en marcha | 8 a 12 meses mientras la persona aprende la norma y el negocio | 3 a 6 meses con metodología y formatos ya probados |
| Experiencia frente al supervisor | Depende de un solo perfil y de su hoja de vida | Equipo que ha atendido visitas y requerimientos de la Superintendencia |
| Riesgo de reproceso | Alto si es su primera implementación | Bajo: la matriz y el manual llegan validados contra el Capítulo IX |
| Continuidad | Si la persona renuncia, el sistema queda huérfano | La firma responde por la continuidad del servicio |
Dos precisiones legales antes de decidir. Primera: el oficial de cumplimiento no puede ser el representante legal ni el revisor fiscal, así que en una pyme pequeña casi nunca hay a quién asignarle el rol internamente sin conflicto. Segunda: la responsabilidad del oficial es personalísima. Tercerizar no la diluye: la sanción de $12 millones de 2024 recayó justamente sobre un oficial tercerizado. La lección no es evitar la tercerización, es tercerizar con una firma que se tome el cargo en serio, porque registrarse ante la UIAF en SIREL, presentar el reporte AROS dentro de los 10 días calendario siguientes al cierre de cada trimestre y elevar un ROS cuando aparece una operación sospechosa son obligaciones que no dan espera.
Para muchas empresas, el punto sensato es un modelo mixto: la firma implementa el sistema y asume el rol de oficial de cumplimiento externo los primeros años, mientras la empresa madura y decide si internaliza la función. Los requisitos del cargo, nuestro honorario y los criterios para decidir están en la guía sobre cuándo conviene un oficial de cumplimiento externo.
Preguntas frecuentes
¿Cuánto cuesta implementar SAGRILAFT en una pyme en Colombia?
Nuestra implementación arranca en 3 salarios mínimos, unos $5.250.000 con el salario mínimo de 2026. Es un precio de referencia: sube o baja según cuántas contrapartes tenga la empresa y qué tan compleja sea su operación. Y puede bajar bastante. Una cooperativa de transporte con 30 asociados paga 1 salario mínimo, unos $1.750.000, porque su universo de contrapartes es pequeño. El diagnóstico inicial es gratuito y de ahí sale el precio exacto.
¿Qué es más económico: oficial de cumplimiento interno o externo?
Para una pyme, el externo suele costar menos. Nuestro honorario como oficial de cumplimiento externo arranca en 2 salarios mínimos al mes, unos $3.500.000, e incluye los reportes a la UIAF, la matriz viva y la respuesta a requerimientos del supervisor. Como referencia externa, los portales de empleo en Colombia muestran sueldos de oficial de planta entre $2,8 y $4 millones mensuales, y con la carga prestacional una empresa termina pagando bastante más al año por ese cargo. Recuerde que el oficial de cumplimiento no puede ser el representante legal ni el revisor fiscal.
¿Por qué el precio cambia de una empresa a otra?
Porque lo que mueve el precio es el número de contrapartes: clientes, proveedores, empleados, socios y aliados que hay que conocer, segmentar y monitorear. A más contrapartes, más horas de análisis y más valor. Con pocas contrapartes el precio baja: la cooperativa de transporte con 30 asociados paga 1 salario mínimo, frente a los 3 salarios mínimos de referencia. La complejidad de la operación pesa igual: varias sedes, varias líneas de negocio o clientes en el exterior suben el valor.
¿Cuánto me puede costar no implementar el SAGRILAFT?
La Superintendencia de Sociedades puede imponer multas de hasta 200 SMLMV por cada cargo, según la Ley 222 de 1995. La ley sigue redactada en salarios mínimos, pero hoy esas multas se liquidan en UVB (unas 28.916,7 UVB), es decir, unos $350 millones de pesos en 2026. Implementar arranca en 3 salarios mínimos, así que la multa equivale a unas 66 implementaciones. En transporte el tope sube a 2.000 salarios mínimos, unos $3.500 millones, según el artículo 46 de la Ley 336 de 1996. Entre agosto de 2023 y 2025 la Superintendencia impuso 26 sanciones por $4.576 millones.
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